Según el informe forense, uno de los asesinados estaba vivo hasta hace tres días. La Fiscalía asegura que investigará
Por Redaccion Central - Los Tiempos - 5/06/2010
El informe preliminar de la necropsia practicada ayer a los cuerpos de los cuatro policías presuntamente linchados hace 14 días en la localidad de Saca Saca, Uncía, establece que uno de los uniformados murió sólo 72 horas antes de que su cuerpo sea entregado; es decir, entre el lunes y martes pasado, mientras que la data de la muerte de los tres uniformados es de 10 días.
Estos datos preliminares fueron dados a conocer ayer por el director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Antonio Torres Balanza.
En conferencia de prensa, Torres informó que recibió ayer el informe preliminar del médico forense de Oruro, Vilma Gabriel, que estuvo a cargo de las necropsias a los cuerpos de los cuatro policías. Los familiares recuperaron los restos tras arduas negociaciones con los dirigentes de los cuatro ayllus de Oruro y tuvieron que desistir de seguir cualquier acción judicial para dar con los responsables.
“La doctora Gabriel pudo establecer que tres de las víctimas tienen una data aproximada de 10 días (de muerte) y uno de ellos, (un cuarto efectivo) la data de una muerte relativamente reciente, de aproximadamente tres días”, informó Torres según Red Erbol.
Este informe desvirtúa la versión de los ayllus que, tras denunciarse la desaparición de los cuatro uniformados el 23 de mayo pasado, admitieron haber capturado y matado a los uniformados de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro e incluso manifestaron que sus cuerpos habían sido enterrados en diferentes lugares.
Tras esa admisión, las gestiones que realizaron los ministros de Estado y el Defensor del Pueblo con los ayllus apuntaron directamente a recuperar los cuerpos sin vida de los uniformados. Incluso, las autoridades gubernamentales aceptaron la versión de los indígenas y los dieron por muertos. Pero mientras se encaminaban esas negociaciones, los uniformados seguían con vida.
Según ese informe preliminar, el suboficial Nelson Alcocer Casano fue el último en morir, a diferencia del cabo Rubén Cruz Aruquipa, el cabo Esteban Alade Arias y el policía Miguel Ramos Payuni que habrían fallecido antes.
El informe forense dado a conocer por Torres también establece que las cuatro personas murieron a raíz de un traumatismo craneoencefálico de diferentes magnitudes. “En algunos casos, presentan traumatismos craneoencefálico abiertos, otros cerrados.
También, todas las víctimas presentan politraumatismos en todo el cuerpo”, afirmó.
El director del IDIF explicó que la data de muerte se establece, entre otras variantes, en base al tiempo de las lesiones, es decir, si estas son recientes o son más antiguas.
“Los cuerpos están íntegros, pero tienen lesiones múltiples, diferentes politraumatismos, pero en todo caso están íntegros”, precisó al agregar que uno de los cuerpos presenta quemaduras de segundo y tercer grado.
El IDIF esperará el informe final que será remitido en las próximas 48 horas.
La hermana de Nelson Alcocer, anoche en una entrevista con Canal 11 de La Paz, manifestó que dentro de sus corazones sabían que su hermano estaba con vida: “mi madre juraba que estaba con vida hasta el miércoles”.
“Sinceramente, nos sentimos más impotentes porque no pudimos hacer nada. Y tanto hemos rogado al Presidente (Evo Morales), pero no dijo una sola palabra a los campesinos y no ha hecho nada”, manifestó al agregar que tocaron tantas puertas pidiendo ayuda y si no eran los medios de comunicación, no les hubieran escuchado.
“Hemos llegado tarde. Hemos fallado a mi hermano y no lo hemos podido rescatar. Si hubiera hecho algo el Ministro (Sacha Llorenti) el lunes, podíamos rescatarlo con vida. Pero se ha ido feliz a La Paz, ni siquiera el Defensor del Pueblo ha podido hacer algo”, sostuvo.
“Mi hermano aguantó tantos días y no tengo palabras para consolar a mis sobrinos. Y nos hemos podido apurar”, agregó.
Respecto al informe forense, el abogado de los familiares, Johnny Casteló, en la entrevista con el mismo medio, dijo que no conocían oficialmente los protocolos de la autopsia porque no son parte del caso.
Según el abogado que intervino en la recuperación de los cuerpos y su traslado hasta la morgue del cementerio de Oruro, dos de los policías tenían el cráneo totalmente destrozado y se ha tardado en identificar sus rasgos. Sus familiares tuvieron que acudir a señales particulares y ropas que vestían para reconocerlos.
“Fueron golpeados presumiblemente con fierros. Y para terminar el sacrificio, les han reventado la cabeza y a otros dos, en la parte de atrás y al costado”, dijo. Anotó que a Alcocer lo tuvieron seguramente flagelado y amarrado porque tiene las manos ennegrecidas y él era blanco.
Uncía para evitar juicio comunarios amenazaron de muerte a las familias
Oruro
La Prensa
Las gestiones para recuperar los cuerpos de los cuatro policías fueron hechas directamente por los familiares de los fallecidos, que tuvieron que desistir a seguir una acción penal para recuperar los cuerpos y ahora reciben amenazas de muerte en caso de que abran una querella criminal.
Ante las amenazas de los ayllus, el fiscal orureño de homicidios Aldo Morales Alconini ofreció plenas garantías a las familias.
Los campesinos condicionaron la entrega de los cuerpos a que no se abra una investigación para sancionar a los autores de los crímenes. Los parientes fueron obligados a firmar un documento por el que desisten de abrir acciones penales, incluso hasta en un cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad por las muertes de los cuatro policías.
Para llevar adelante las gestiones, las familias de los muertos recibieron el apoyo de su abogado, Johnny Wálber Castelú, y del vicario del norte potosino, William Ugarte, tras el fracaso de los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de la Presidencia, Óscar Coca, y del Defensor del Pueblo, Rolando Villena.
FAMILIARES PASARON HORAS DE TENSIÓN
Oruro
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Alrededor de las 02:00 de ayer, cuando pensaban que las gestiones encaminadas un día antes habían fracasado, el abogado de los familiares de los policías, Johnny Castelú, recibió una llamada. Una voz con acento quechua le confirmó que se había decidido devolver los cuerpos y debían dirigirse a un punto en el área dispersa de Uncía.
La esposa de uno de los ajusticiados, que no quiso revelar su identidad, dijo que tuvo que disfrazarse de chola potosina para pasar inadvertida y moverse con alguna libertad, pues sus compañeros habían sido individualizados por los comunarios que controlaban todos sus pasos.
“Viera usted”, dijo entre sollozos, “nos hicieron corretear de un lado a otro hasta que amaneció. El frío era muy fuerte y llegaban los llamados para ir a otra parte. Sentíamos que nos vigilaban. Sabíamos que había campesinos escondidos en los cerros que miraban por dónde íbamos”.
Al salir el sol, Castelú recibió la instrucción definitiva: “Vayan a tal punto, reciban los cuerpos y váyanse lo más rápido que puedan. Si no, no nos responsabilizamos de lo que les pueda pasar”.
Nadie recuerda la hora, nadie consultó su reloj. Llegaron al lugar convenido. El jurista no quiso revelar quiénes lo acompañaron. Fueron en una camioneta alquilada y después de ver los cuatro cuerpos, cubiertos todavía con la tierra que los rodeó en su improvisada sepultura, los subieron al vehículo.
Los cadáveres despedían un fuerte olor a putrefacción. Algunos no pudieron ser reconocidos. Dos tenían la cabeza reventada, no vestían uniforme, aunque quienes los recibieron advirtieron que estaban con la misma ropa con la que salieron de Oruro hacia Huanuni la mañana del 23 de mayo.
Castelú y los tres familiares salieron del lugar a la mayor velocidad posible, ya que el camino no está en buenas condiciones. Pasaron por Uncía, pero como habían circulado por toda la región, la camioneta se quedó sin combustible y sufrió un desperfecto mecánico.
Debían volver a Uncía. Pasó un minibús, pero no los aceptó por la fetidez. Por ello, esperaron una camioneta de la Fiscalía de Potosí. En el trasbordo, pudieron envolverlos con frazadas y nailon azul.
Se hará justicia
La Fiscalía decide investigar
El fiscal del Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, anunció ayer que, pese al compromiso de los familiares para no hacer demandas contra los indígenas, la Fiscalía realizará las investigaciones.
Declaró a los medios locales que un informe médico preliminar estableció que los agentes murieron por golpes en la cabeza, pero que aún deben realizarse más exámenes forenses.
Fuertes señaló que también indagará otra denuncia de parte de los "ayllus" sobre varios crímenes contra indígenas cometidos en los últimos años y nunca aclarados, de los cuales los indígenas culpan a policías.
JEFE POLICIAL
El comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Félix Molina, ratificó ayer que la policía cree que el crimen fue la venganza de un dirigente indígena de esa zona detenido una semana antes del linchamiento acusado de tener dos laboratorios de droga.
"Producto de esta aprehensión, este dirigente campesino habría manifestado que iba a lograr alguna venganza con cualquier policía que ingresara a su comunidad", dijo Molina.
El jefe policial informó que, días antes del sangriento hecho, un dirigente originario involucrado con el narcotráfico fue detenido en un operativo antidroga y prometió vengarse de los policías.
INCUMPLIMIENTO
Los legisladores de la oposición afirmaron ayer que las autoridades del Ministerio de Gobierno, la Policía y Fiscalía “incumplieron sus deberes” al permitir que hayan sido los familiares de los cuatro policías asesinados en Saca Saca, Uncía, quienes posibilitaran la recuperación de los cadáveres tras comprometerse a no iniciar un juicio a los comunarios responsables de esas muertes.
La diputada de Convergencia Nacional y abogada penalista, Norma Piérola, calificó de negligente la posición asumida en este caso por el ministro Sacha Llorenti y el Ministerio Público pues
“con estos crímenes se ha creado un nefasto antecedente, ya que a título de justicia comunitaria se encubrirán los asesinatos”.